CUT LLAMA A MANIFESTARSE COMO EN DICTADURA
CONTRA EL TRANSANTIAGO
Es
un hecho que la población de Santiago ha disminuido su calidad de vida
a partir de la aplicación del Plan Transantiago. La mayoría de los
capitalinos están obligado a levantarse más temprano, llegar a sus
hogares más tarde arriesgando su integridad, realizar largas caminatas
para llegar a los paraderos, sufrir los atochamientos en un Metro ya
colapsado, obligados a realizar transbordos, donde las mujeres, los
adultos mayores y los minusválidos son los más afectados.
Muchos
han debido realizar pagos adicionales en otros medios particulares para
disminuir riesgos y atrasos y sufrir los inconvenientes de la
desinformación respecto al sistema y de una tarjeta pago que no
funciona adecuadamente.
Los
trabajos complementarios a la instalación del Transantiago no han sido
culminados. Por ejemplo, la Alameda, principal arteria de la capital,
ha sido reparada tres veces en los últimos años. Pero a nadie se le
ocurrió hacer los paraderos con la debida anticipación.
En
resumen, un plan diseñado y aplicado en forma errónea. Con un alto
costo para los trabajadores y trabajadoras del gran Santiago.
Durante
años nos han hecho creer que la empresa privada es más eficiente y que
alianza público privado era capaz de asumir un proceso de modernización
revolucionaria para superar los históricos problemas del trasporte
público en nuestra capital.
Está
demostrado que a las incapacidades de planificación, gestión y
fiscalización de los funcionarios responsables del proyecto se une la
acción delictual de los empresarios que no cumplen sus contratos con el
Estado, no responden a las normas laborales mínimas, sabiéndose
impunes, cuando lo que corresponde es ahora mismo caducar sus contratos
y llevarlos a la justicia.
A
más de un mes de la puesta en marcha del nuevo transporte público para
la ciudad de Santiago, y habiendo expresado nuestro malestar e
indignación, que coincide con gran parte de la ciudadanía usuaria,
queremos hacer claridad respecto de nuestro punto de vista:
1.
El sistema de transporte público es un bien común y un derecho esencial
que tiene toda la ciudadanía Y es una obligación del Estado de Chile
proporcionárselo en condiciones dignas, sin riesgos ni menoscabos y
resguardando su integridad física y sicológica.
2.
Siendo el transporte público un bien común esencial, este servicio
público no puede estar entregado completamente a la iniciativa de los
privados. El servicio que prestan está destinado a obtener
principalmente beneficios económicos y comerciales. Es decir, obtener
el fin de lucro propio de la actividad empresarial.
Lo
anterior no quiere decir que el transporte público sea sin costo. Pero,
tampoco debe ser materia comercial. Por el contrario el Estado debe
abordar directamente, o a través de sus empresas ya creadas o por
crear, la prestación del servicio de transporte. Prestación que debe
estar inspirada en los principios democráticos, de bien común, de
calidad y solidaridad que los chilenos nos merecemos.
3.
Es en esta lógica, que no compartimos que empresas o compañías
privadas, cuyo objetivo es obtener utilidades, hayan licitado la
operación llamada “Transantiago”, con las consecuencias que el país ha
presenciado y sin ningún compromiso con la comunidad, a la cual se le
han violentado sus derechos y se le ha puesto en riesgo su integridad
física y sicológica. A estas alturas, es un hecho público y notorio que
el “Transantiago” tiene un mal diseño desde su concepción, pero,
además, carece de transparencia. La ciudadanía tiene el derecho a
conocer, al menos, cuáles son las empresas que administran dicho mal
servicio, quiénes son sus dueños, cuál es el valor que tienen sus
contratos, cuándo y en qué circunstancias han sido subsidiados por el
Estado.
El
país debe saber que este intento de modernización del transporte
público no mejorará sustancialmente ni en el corto ni en el mediano
plazo, si no se toman medidas radicales que comiencen a reemplazar los
actuales negocios que se pactaron entre el Estado y las empresas.
En
primer lugar, los chilenos deben saber que el Metro no tiene la
capacidad para trasladar a más del 30% de los usuarios de la locomoción
colectiva, y es una irresponsabilidad, y un riesgo, sobrecargar las
estructuras viales, las que se dañaran irremediablemente a corto plazo.
En
segundo lugar, planteamos que la empresa Metro, debe invertir y crear
un sistema de transporte de superficie, con buses de su propiedad, que
hagan el mismo recorrido, frecuencia y destino del Metro, se trata de
una empresa pública que nada tenga que ver con las empresas que
licitaron los actuales recorridos, con un criterio de servicio público
de calidad y de fácil acceso para la tercera edad, niños y
discapacitados.
En
tercer lugar, y en forma pronta y eficaz se deben realizar nuevos
trazados con buses de una empresa de cáracter fiscal. Basados en
recorridos amables, con costos de pasajes razonables y que conecten los
barrios y las poblaciones con los centros de trabajo y servicios tales
como hospitales, escuelas, universidades, etc. Con paraderos techados y
acondicionados, con información de origen, destino y frecuencia, y con
mapa de recorrido.
Y
en cuarto lugar, tenemos que preocuparnos que los conductores y demás
trabajadores de las empresas de transporte tengan contrato de trabajo,
protección social y sueldos dignos, bajo el principio de igual trabajo
igual salario. Y de esta forma asegurarle un trato digno al usuario.
Estas
demandas requieren ser escuchadas tanto por el gobierno como por el
parlamento para tomar rápidas medidas y encontrar las soluciones, no
con las empresas que lucran con el transporte, sino que con un rol
activo del Estado. De esta forma llamamos al Gobierno a pronunciarse en
el plazo de una semana.
Si
estas demandas no son atendidas quedamos en libertad para llamar al
pueblo de Santiago a una gran protesta de carácter permanente y
prolongado.
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE
Santiago, 22 de marzo 2007