Ricardo Gálvez (25) estudia Licenciatura en Ciencias Criminalísticas en la Universidad  Tecnológica Metropolitana. Ingresó porque quería trabajar “en el sitio del suceso”, dice, “investigar, colaborar con los tribunales, todo eso me llamó mucho la atención, me sedujo el campo laboral ”, tanto era su interés que dejó de estudiar ingeniería para entrar a esta carrera. Pero esa alegría se  transformó en tristeza ya que al igual que otros jóvenes que estudian este tipo de carreras ve que el futuro laboral, al menos en el ámbito público, está en tela de juicio, es más, asegura el estudiante, los organismos aludidos en la publicidad de las carreras como fuentes de trabajo han señalado no tener contemplado contratar peritos particulares.

Ricardo cuenta que este año él y sus compañeros se dieron cuenta del problema, pues al egresar los primeros peritos en criminalística vieron que la carrera no tenía posibilidad de campo laboral en el sector público. “De todos los peritos egresados hasta el momento pocos están trabajando y los que lo hacen no ejercen lo que estudiaron. Nos encontramos con la sorpresa que no tenemos campo laboral como el que nos decían cuando elegimos esta carrera, recibimos una carta del fiscal nacional, del Ministerio Público y policías donde  nos  decían que sus instituciones no trabajan con peritos privados”.  Él es uno de los más de 15 mil estudiantes que hoy se encuentra en una carrera del área criminalística y uno de los que pide la devolución del dinero invertido pues no desea seguir estudiando. Hay varios estudiantes que están en esta postura, muchos de los cuales ya han congelado el semestre .

Juan Pablo Rojas egresó de técnico en ciencias criminalísticas de la UTEM. Hoy está demandando a la universidad por infracción a la ley del consumidor y ocultamiento de información. “Cuando entré a la carrera se ofertaba trabajar como asesor de fiscal, en Investigaciones y Carabineros. El costo de creer en eso ha sido alto porque cuando buscas trabajo y te das cuenta que lo que te vendieron no existe te decepcionas. Postulé al Ministerio Público, pero el cargo de asesor no existe, fui al Laboratorio de Criminalística de Investigaciones y me enteré que con tres años de estudio no podía trabajar como perito”. Frustrado, formó la Agrupación de Estudiantes Egresados de Criminalística de la UTEM que hoy es asesorada jurídicamente para entablar acciones legales.

Verónica Pascualetti estudiaba perito criminalístico, mención en Documentología en el Instituto Valle Central. Preocupada por la situación hizo una denuncia en el Sernac que ahora está en proceso. “Esto me ha afectado bastante, estoy pagando un préstamo que pedí para pagar el instituto, siento decepción al ver truncadas mis expectativas. Quiero estudiar el próximo año pedagogía básica porque creo que lo que pasó es por ignorancia y mala calidad de educación por eso  quiero ayudar a mejorar la enseñanza".  

Hace meses que el Ministerio de Educación ha recibido reclamos de estudiantes en busca de solución. Las autoridades del Mineduc han señalado que no tienen las facultades para cerrar carreras, es más, por ley las universidades, centros de formación técnica e institutos, por la autonomía que les concede la ley, pueden crear la carrera y entregar los títulos que quieran. El Jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro explica que junto al Servicio Nacional del Consumidor han solicitado a las distintas instituciones involucradas, antecedentes sobre la difusión, plan de estudio, infraestructura, campo ocupacional, número de matriculados, egresados, titulados y en proceso, entre otros aspectos, sobre la base de la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior. 

¿Qué han respondido las instituciones sobre las demandas estudiantiles?
Se refieren a permitir el cambio de carreras dentro de la misma institución, convalidándoles en los casos que correspondan la totalidad de los estudios realizados. En estos casos el proceso de convalidación será sin costo. Otra alternativa es aceptar el retiro de los estudiantes, en algunos casos, con la devolución de los montos pagados, así como congelar el ingreso de alumnos en las promociones 2008 y apoyar a los actuales estudiantes para que accedan a programas de perfeccionamiento que les permita insertarse mejor en el mundo laboral.

Ya suman más 522 los reclamos interpuestos por 
estudiantes en el SERNAC. “La ley del consumidor establece una regulación al  ámbito de la educación. Primero regula la publicidad en la oferta de carreras y además  establece una protección de los intereses colectivos de los consumidores, en este caso estudiantes, esto permite al Sernac iniciar juicios colectivos  para obtener indemnizaciones o devoluciones cuando una institución o empresa causa prejuicios a los consumidores. La ley del consumidor señala que en este caso los institutos y universidades deben responder por lo expuesto en sus contratos y el la publicidad que exhiben. Si no se respeta o se cumple lo que ellos aseveraron los consumidores tienen todo el derecho a reclamar y ha recibir indemnizaciones. ", explica el Jefe de Gabinete del SERNAC, Ernesto Muñoz.


¿Qué dicen las instituciones de educación superior?
La UTEM, en una declaración publicada en el diario La Tercera señaló que en relación a los alumnos que seguirán su carrera “se compromete a seguir impartiendo las carreras proveyéndoles del servicio educacional hasta que egrese el último de ellos”. Para aquellos que cursan alguna de las carreras de técnico de nivel superior en ciencias criminalísticas dice que “podrán trasladarse a la carrera profesional de Cientista Crimanlístico", convalidando asignaturas. Las sumas pagadas por arancel en la carrera técnica se abonarán a los aranceles de la carrera profesional. Además “se otorgará a los titulados de las carreras un beneficio de 50% del arancel en los programas de especialización y pondrá a su disposición laboratorios para su desarrollo profesional”. Para quienes desean permanecer en la institución pero en otras carreras, la universidad ofrecerá la posibilidad de traslado a otras carreras que imparte, en este caso "las sumas pagadas por concepto de aranceles, durante los años cursados en cualquiera de las carreras del área criminalística se imputarán al valor del arancel de la carrera por la que opten hasta completar el total de lo pagado”.

En relación a los alumnos que desean continuar estudiando en otro centro “la universidad apoyará a los estudiantes que continúen estudios en otra institución de educación superior integrante del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, mediante el financiamiento de hasta el 50% del arancel de la carrera de destino, teniendo como tope el monto de la obligación arancelaria que cumplía en la carrera que cursaba en el área criminalística”. Sobre el futuro de las carreras el año 2008 no ofertará vacantes a primer año. 

El instituto Profesional Santo Tomás, uno de los requeridos por el Mineduc y el Sernac,  es uno de los 17 centros que imparte esta tipo de carreras, (una carrera técnica y otra profesional) Fernando de la Jara, Secretario General de Universidad Santo Tomás señala que se creó considerando antecedentes previos como un oficio del entonces Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena dirigido a los fiscales regionales. “En este oficio se les dice a los fiscales que el código procesal penal les permite la contratación de peritos particulares porque las policías están superadas. Por otra parte el Centro de Formación Austral, crea y da la carrera y su ente  regulación es el Ministerio de Educación y si lo autoriza me imagino que conlleva a una  validación".
 
El Secretario General explica otro criterio para crear las carreras. "Hay 4 pronunciamientos de la Contraloría diciendo que los funcionarios de carabineros y investigaciones no pueden hacer peritajes para las defensorías entonces nos preguntamos ¿cómo un defensor defiende a un imputado si no tiene un peritaje? tiene que recurrir a un peritaje privado”. De la Jara recuerda también que la UTEM, “fue la impulsora de esta carrera, estoy hablando de una universidad del consejo de rectores, estatal y nunca vimos un pronunciamiento del Mineduc, de la División de Educación Superior o del Consejo de Rectores al respecto, aún más en su junta directiva hay un representante del presidente de la república, nunca supimos que alguien dijera que la carrera no tenía campo laboral. El 85% de nuestros profesores son funcionarios de Carabineros o funcionarios de investigaciones y el resto son fiscales, defensores, eso no garantiza nada pero avala la legitimidad de la carrera.  No inventamos una carrera con malas artes, tal vez nos equivocamos en creer a quien no había que creerle”. Sobre las acciones interpuestas en el Sernac señala que “nuestra institución jamás ha incurrido en publicidad engañosa..., estamos convencidos que el campo laboral se va abrir en la medida que la reforma procesal penal se desarrolle con mayor rapidez.”

El Instituto Santo Tomás ha decidido cerrar el ingreso de alumnos nuevos para la carrera técnica perito forense disminuir sustantivamente el ingreso de alumnos nuevos a la carrera profesional  de investigador criminalístico, mientras no se aclare del campo laboral. Además cada sede contrató un profesional con la misión de ampliar las oportunidades laborales a los egresados. Todos los alumnos vigentes de las carreras criminalística podrán cambiarse a cualquier carrera de la Corporación Santo Tomás accediendo a una beca en el arancel de la carrera elegida de acuerdo al año del ingreso al instituto. Los alumnos que deseen retirarse de la institución podrán hacerlo y se les anularán las cuotas no vencidas del año 2007, sin embargo De la Jara señala que no se  devolverá dinero a los alumnos que deseen retirar. 


Rol del Estado en la oferta académica 
La Comisión de Educación del Senado ha pedido al ejecutivo fortalecer los principios de transparencia y debida publicidad de la oferta educativa. El senador Ricardo Núñez, integrante de la comisión, ha tenido contacto directo con jóvenes afectados por la situación. “Hace meses me reuní con un grupo estudiantes en Copiapó y ahí tomé conciencia del problema. Les preocupaba cómo llegar al Sernac ya que a su juicio habían sido objeto de daños por publicidad engañosa. A partir de ese momento llevamos el tema en la sala del senado y la Comisión de decidió conversar con el Mineduc, entidades y llegamos a la conclusión de que no teníamos atribución de formular modificaciones que permitan resolver este tipo de problema. Hemos tenido información del Ministerio Público, Investigaciones de Chile, Defensoría Penal Pública y lo que sabemos es que en el caso de investigaciones, existe una disposición que señala cuáles son los tipos de peritos y ninguno de estos jóvenes estaría en condiciones de asumir responsabilidades allí, en consecuencia hay un engaño manifiesto al decir que podrían trabajar allí”.

El Mineduc enviará un proyecto de ley que regule la oferta
 de nuevas carreras impartidas por instituciones de educación superior, con el fin de entregar  facultades para que el Estado pueda velar, anticipadamente, por la entrega de información fidedigna con respecto a las características de un determinado plan que se cree en lo relativo a su eventual campo ocupacional, evitando que la intervención estatal se limite sólo al momento que los perjuicios derivados de información falsa o incompleta ya se hayan generado. “Esta es una buena noticia para las familias y el país, producto de una situación dolorosa que se ha producido en el último tiempo en más de 15 mil estudiantes que se han visto afectados en su futuro profesional y laboral, el MINEDUC ha querido dar respuesta y corregir esta dolorosa y vergonzosa situación”, señaló la Ministra Provoste. Por su parte el Jefe de División de Educación Superior señala que “esperamos que todos los diputados aprueben este proyecto que evita que las instituciones de Educación Superior cometan abuso de fe pública en contra de nuestros estudiantes”.


Acreditación y Calidad

 El tema de las carreras criminalísticas está en conocimiento de la Comisión Nacional de Acreditación. Consultado sobre si el esta situación podría ser un criterio de evaluación a la hora de acreditar programas, Gonzalo Zapata, Director Ejecutivo del organismo explica que sí ya que se relaciona con el perfil del egresado. “Cuando evaluamos una carera le pedimos a las instituciones que nos entreguen un perfil de egreso donde respeten criterios de pertinencia, claridad de lo que se entiende que un profesional tiene que ser, sus competencias profesionales y la empleabilidad es un tema importante en el proceso porque una institución cuando ofrece un programa lo está haciendo en virtud de formar profesionales que se van a insertar en un mundo competitivo y  que al egresar van a estar en condiciones de batirse en el mercado”. 

¿Debería el estado regular en materia de oferta académica? 
Hoy se ha producido un problema para miles de estudiantes que siguen una carrera al aparecer sin campo laboral en el sector público. Es necesario mayor regulación, pero se precisan de mecanismos no solo del Estado sino también de privados, organizaciones ciudadanas, asociaciones profesionales, porque el sistema de educación es complejo. 

Consejo Asesor Para la Educación Superior 
Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago de Chile, miembro del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior señala que, en los temas que han tocado hay  preocupación por regular la oferta de nuevas carreras, sin embargo, no se ha hablado  sobre lo ocurrido con las carreras criminalisticas. “El tema de sobreoferta de carreras ha sido planteado sobre todo, por los estudiantes. El resto del Consejo manifiesta una crítica ante el licenciamiento y la autonomía institucional, el planteamiento es que exista un seguimiento al proyecto educativo presentado por las distintas instituciones” señala. Otro tema que le parece insostenible al Consejo, señala Zolezzi, es que la acreditación de las instituciones y carreras sea voluntaria y enfatiza que se necesita urgente regular al respecto. “No puede ser que algunas universidades digan yo no me acredito. El proyecto original de  acreditación era obligatorio y el parlamento lo modificó dejando la acreditación voluntaria, por eso, la responsabilidad también es del Congreso, por lo tanto, yo puedo decidir crear la carrera de erito criminalístico aunque no exista campo laboral  y como yo no me acredito no importa”. Por eso  el Consejo está preocupado de entregar propuestas para una acreditación institucional obligatoria y una autonomía con seguimiento de los proyectos educativos presentados inicialmente.

Fuente: Vpu.cl