Un día después del inicio de la operación policial y
judicial contra cuatro clínicas de Barcelona acusadas de practicar de
forma reiterada abortos ilegales, que se salda de momento con seis
detenidos, la investigación de este caso, que lidera la Guardia Civil
bajo las órdenes del Juzgado de instrucción 33 de la capital catalana y
la Fiscalía, sigue abierta y asoman, entre el silencio impuesto por el
sumario, algunos detalles terribles.
Fuentes cercanas al caso aseguran a ABC que durante los
registros practicados anteayer a las cuatro clínicas implicadas
-Ginemedex, Barnamedic, Emece y TCB-, que no han sido de momento
cerradas, se hallaron máquinas trituradoras de fetos conectadas a los
desagües, motivo por el cual se analizaran dichas tuberías para
intentar hallar restos de ADN. En concreto, según estas fuentes, se
encontró una máquina trituradora en la Clínica Ginemedex y los restos
de la instalación de otra en otra clínica, TCB. Estas máquinas trituran
los fetos-bebés de grandes dimensiones y los reducen a una pasta que
luego presuntamente se hacía desaparecer por un desagüe. Así, se
borraba la «prueba del delito» y se evitaba la obligación legal de
llevar estos «residuos orgánicos reconocibles» a incinerar.
Penas más altas
Los seis detenidos por esta operación, al frente de los
cuales está el doctor Carlos Morín como responsable máximo de tres de
las clínicas investigadas -Ginemedex, TCB, Barnamedic-, y vinculado a
Emece, seguían ayer detenidos en las dependencias de la Guardia Civil
de Barcelona. Pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana. No se
descarta que en un futuro haya más detenidos, que los registros se
extiendan a otras clínicas de España, como la que el propio Morín tiene
en Madrid, ClinicalBCM, y que se acabe por imputar a mujeres que
accedieron a abortar de manera ilegal.
La juez que instruye el caso ve indicios para imputar a
los seis detenidos un delito de asociación ilícita -que conlleva penas
de hasta cuatro años de cárcel-, además del de aborto ilegal, falsedad
documental e intrusismo profesional, según consta en el auto de entrada
y registro de las clínicas y del domicilio de Morín que fue ejecutado
anteayer.
Además de Morín, entre los detenidos, cuya identidad no
ha trascendido oficialmente, está su mujer, María Luisa Durán Salmerón,
que gestionaba la clínica TCB, y el doctor Pedro Ávila, de origen
cubano, que según pudo saber ABC ejercía de anestesista sin tener ésta
titulación.
En cuanto a la posible imputación por asociación
delictiva, abonaría esta teoría los resultados de las pesquisas
realizadas, mediante «pinchazos» telefónicos por la Benemérita. Así,
por ejemplo, en el caso de la Clínica Emece, cuyo máximo responsable no
es Morín, se sospecha de que alguien de este centro «trabajaba» para
proporcionarle a él clientes.
Por otra parte, las reacciones a este caso se suceden.
La Generalitat intentó justificar su triste papel, después de que las
inspecciones a algunas de las clínicas investigadas que realizó se
cerraran sólo con multas de 3.000 euros por «irregularidades
administrativas». La portavoz del Gobierno catalán, Aurora Massip,
aseguró que no tienen «más potestades» que las que ya ejercieron.
Finalmente, el sindicato CC.OO. pidió la libertad de los
seis detenidos y exigió una nueva ley del aborto «que respete el
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo».
Fuente: ABC